Rodrigo Baires Quezada
Un poco más de dos millones de salvadoreños viven en asentamientos urbanos precarios (AUP), según revela el Mapa de pobreza urbana y exclusión social, presentado este miércoles por Facultad Latinoamericana de estudios sociales (Flacso) El Salvador y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Según explicaron Carlos Ramos, director de Flacso, y William Pleitez, coordinador del área de desarrollo humano del PNUD, el mapa se elaboró a partir del cruce de la información que recogió el censo de población y vivienda de 2007. Con base en indicadores de marginalidad residencial, exclusión social y estratificación socioeconómica, el estudio hace una cartografía de la pobreza urbana en El Salvador por primera vez en la historia.
El documento identifica 2 mil 508 AUPs en 237 de los 262 municipios del país, en los que se concentraban 495 mil 981 hogares y dos millones cinco mil 681 personas. De ellos, un poco más de la mitad tienen índice de precariedad extremo y alto. 486 AUPs tienen un índice de precariedad extremo y 789, alto.
Según Carlos Ramos, parafraseando a Carlos Briones -quien fue encargado del proyecto y que falleció el año pasado pocos meses antes de su finalización-, “ahora, desde el Estado no hay excusa para no actuar”.
En este punto coincidió William Pleitez: “Sentimos que la creación de esta herramienta es como el punto de partida hacia la construcción de un indicador de pobreza más integral y más útil, tanto para formular como para evaluar y monitorear las políticas sociales”.
El presidente de la República, Mauricio Funes, quien recibió una copia del estudio, aseguró que el fenómeno de la pobreza urbana, desde el inicio de su gestión, “ha merecido (…) un tratamiento específico con la puesta en marcha del programa comunidades solidarias urbanas”.
En agosto de 2009, el gobierno salvadoreño anunció la realización de proyectos pilotos en Ahuachapán y San Martín, dos municipios donde hay 45 de los mil 275 APUs con mayor incidencia de hogares en precariedad extrema y alta. “El programa se ampliará próximamente a 25 municipios más de todo el país, precisamente municipios identificados en este mapa de pobreza como de alto riesgo”, dijo Funes.
Esta primera fase, según dijo el mandatario, pretende beneficiar a 40 mil jóvenes y mujeres jefas de hogar con un bono de 100 dólares mensuales, programas de formación y capacitación, servicio de nutrición y salud, obras de mejoramiento integral y acciones integrales para la prevención de la violencia y la delincuencia. “Como decía también Carlos Briones, ya no hay excusa para no focalizar y para no atender a los sectores que más necesitan de la intervención del gobierno”, dijo Funes.
¿Dónde debería darse esta intervención? Según explicó Pleitez, si bien el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y sus áreas de influencia concentran la mayor parte de hogares y población que vive en AUPs, la mayor proporción de asentamientos en situación de precariedad extrema y alta (el 94.7%) está concentrada en centros urbanos alejados del Gran San Salvador. "La marginalidad tiende a ser mayor en la medida en que se aleja del área metropolitana de San Salvador”, dijo Pleitez.
El sentido de esa situación lo dan las posibilidades de un mejor acceso a agua potable, a servicios de saneamiento, a educación y a oportunidades laborales en la medida en que se está cerca del Gran San Salvador, que es el motor económico del país y donde se ha concentrado históricamente la inversión pública y privada. “Vivir en un asentamiento urbano precario del área metropolitana, con todas las carencias y exclusiones que generalmente lo acompañan, supone algún tipo de ventajas a las de habitar en un AUP en el interior del país”, dijo Pleitez.
Uno de los hallazgos de la investigación es que el AUP con mayor concentración de precariedad en el Gran San Salvador está ubicado en el municipio con mayor nivel de desarrollo humano del país, que es Antiguo Cuscatlán. Los Mangones es un conjunto de 62 hogares cercano a la urbanización Santa Elena, en el que la totalidad de hogares tiene dos o más de las carencias que indican precariedad.
Pero el mapeo sólo sería un primer paso. Al estar basado en la boleta del censo de población de 2007, aquellos indicadores que no fueron tomados en cuenta en ese momento no fueron incluidos en el estudio. Ese es el caso de indicadores como legalidad de la tierra, salud pública, pobreza de ingresos y violencia. “Sí hubiéramos tenido en el censo algún tipo de información sobre esto, obviamente la herramienta se fortalecería. Ahora, para determinar esto se tendría que ir a pie, comunidad por comunidad”, dijo Pleitez.
¿Cuál es el siguiente paso? “Ir a los diferentes asentamientos en los que se quiere trabajar y, por ejemplo, a ver cuál es la situación seguridad jurídica de la tierra, que en este caso es una variable crucial. ¿Si no existe esta? El desafío inmediato podría ser la capacitación de la población que ahí vive y no el mejoramiento de infraestructura de los barrios, por ejemplo. Sí se pueden hacer algunas cosas, mientras se buscan soluciones factibles para realizar el resto”, sostuvo Pleitez.
